En Misiones, una nueva polémica expone la doble vara de la dirigencia política local.
Carlos "Cali" Goring, actual intendente de Colonia Aurora y referente del Partido Agrario y Social (PAyS), reconoció públicamente que cobra una pensión por discapacidad… pese a estar en pleno ejercicio de sus funciones como jefe comunal.
Pero no se trata solo de él: su esposa y su hija también perciben el mismo beneficio, destinado —en teoría— a personas que no pueden trabajar.
La noticia sacude a una sociedad que, mientras atraviesa crisis económicas y exclusión social, ve cómo algunos funcionarios convierten los programas sociales en herramientas de privilegio.
El caso revive las denuncias que pesan sobre su principal referente político: Héctor “Cacho” Bárbaro, quien también fue beneficiario de una pensión por invalidez mientras asumía como diputado nacional.
La pregunta que se hacen muchos en Misiones es directa:
¿cuántos más se benefician del sistema mientras la gente espera años por una pensión?
Y más aún: ¿cómo se sostienen estos discursos de “compromiso con el pueblo” cuando los hechos muestran lo contrario?
La ciudadanía merece respuestas. Y, sobre todo, merece justicia.
En Misiones, una nueva polémica expone la doble vara de la dirigencia política local.
Carlos "Cali" Goring, actual intendente de Colonia Aurora y referente del Partido Agrario y Social (PAyS), reconoció públicamente que cobra una pensión por discapacidad… pese a estar en pleno ejercicio de sus funciones como jefe comunal.
Pero no se trata solo de él: su esposa y su hija también perciben el mismo beneficio, destinado —en teoría— a personas que no pueden trabajar.
La noticia sacude a una sociedad que, mientras atraviesa crisis económicas y exclusión social, ve cómo algunos funcionarios convierten los programas sociales en herramientas de privilegio.
El caso revive las denuncias que pesan sobre su principal referente político: Héctor “Cacho” Bárbaro, quien también fue beneficiario de una pensión por invalidez mientras asumía como diputado nacional.
La pregunta que se hacen muchos en Misiones es directa:
¿cuántos más se benefician del sistema mientras la gente espera años por una pensión?
Y más aún: ¿cómo se sostienen estos discursos de “compromiso con el pueblo” cuando los hechos muestran lo contrario?
La ciudadanía merece respuestas. Y, sobre todo, merece justicia.