Sigue saliendo a la luz lo que muchos veían venir: José Luis Espert intentó desvincularse del escándalo afirmando que los 200 mil dólares que recibió provinieron de una “consultoría legítima” para Minas del Pueblo SA. Pero nuevas pruebas guatemaltecas derrumban esa versión: la empresa que lo contrató es propiedad de Fred Machado, el empresario acusado por narcotráfico y parte del entramado internacional. No es un simple caso de mala interpretación o vínculo tangencial: según medios locales en Guatemala, Minas del Pueblo operaba sin licencia de extracción y formaba parte de estructuras de fraude, lavado de dinero y tráfico de aeronaves. Machado aparece como su dueño, y las conexiones con Espert no quedan en simples encuentros o viajes: hay una continuidad que antes se disfrazaba como “relaciones políticas”. Lo que estaba en disputa ya no es un debate moral o semántico: es una contradicción brutal entre el discurso libertario de pureza y los hechos que lo rozan de lleno con el crimen. Quien hablaba de “mano dura contra las mafias” aparece ahora ligado a una empresa denunciada por operaciones ilícitas. Esto no es una nota más sobre escándalos políticos: es un espejo que refleja cómo, detrás del marketing de transparencia, se esconden conveniencias oscuras. Y la pregunta que queda retumbando es: ¿quién decide la relación entre poder, dinero y silencio en este nuevo “orden libertario”?

José Luis Espert, economista mediático y actual referente del oficialismo, volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez, no por sus discursos de ajuste ni sus apariciones televisivas, sino por sus presuntos vínculos con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino acusado por la justicia de Estados Unidos de formar parte de una red internacional de narcotráfico. Según reveló un periodista con documentación en mano, durante la campaña presidencial de 2019, operadores cercanos a Espert mantuvieron contacto con Machado y hasta habrían intentado coordinar una reunión en Nueva York. Machado no es un personaje menor: enfrenta cargos por tráfico de cocaína y por su participación en operaciones vinculadas al uso de aviones para actividades ilícitas. Lejos de ofrecer explicaciones claras, Espert descalificó las denuncias con el libreto habitual: “campaña sucia”. Pero lo cierto es que el escándalo no desaparece con slogans. El episodio deja en evidencia una enorme contradicción entre el discurso y la práctica. Quienes se presentan como cruzados contra “la casta” y la corrupción, terminan orbitando en las mismas zonas grises del poder que dicen combatir. El caso de Espert y Machado no es un error: es una muestra de cómo el “liberalismo de mano dura” puede convivir con personajes oscuros cuando hay conveniencia política o económica de por medio. Y entonces nos preguntamos: ¿Dónde está la línea entre la transparencia que exigen y los pactos que callan?